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Antecedentes del caso.

El recurrente se encuentra detenido en el centro penitenciario Palmasola desde el 19 de octubre de 2005, en virtud al mandamiento de apremio ordenado por el Juzgado Tercero de Instrucción de Familia del Distrito Judicial de Santa Cruz dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra; en virtud a dicha detención el 15 de septiembre de 2006 solicitó mandamiento de libertad como correspondía, al amparo de lo previsto por el art. 11 de la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales (LAPACOP) concordante con el art. 149 del Código de Familia (CF); sin embargo, por Auto Interlocutorio de 18 de septiembre de 2006, emitido por la Jueza Cuarta de Instrucción de Familia, en suplencia legal del Juzgado Tercero, se negó la solicitud de su defendido con el argumento de que no correspondía otorgar la libertad con el simple juramento, sino que debía ofrecer un garante personal que sea solvente, responsable y con domicilio conocido, que garantice el cumplimiento de la obligación por las pensiones devengadas.

Análisis desde la Teoría de Robert Alexy.

En el caso anteriormente señalado los derechos que entran en colisión son:

Derecho a la libertad física, a la salud, a la seguridad, al trabajo y a la libre locomoción. VS Derechos de su menor hija beneficiaria de la asistencia familiar, a la vida, a la salud, a la educación y al desarrollo integral.

Desde mi punto de vista, la ponderación se realizó correctamente, en virtud de que la afectación que produce la incidencia de la irresponsabilidad y desacato judicial por parte del recurrente, afecta en un valor mayor los derechos de su menor hija, al no proporcionar la pensión de asistencia que hace mención el artículo 149 de ley de abreviación procesal civil y asistencia familiar.

Por lo que el primer elemento de la fórmula (peso específico) se encuentra correctamente valorado, por lo que respecta al peso abstracto, es sabido que esta conducta de irresponsabilidad y abandono de los progenitores hacia sus menores hijos es reprochable y condenada fuertemente por la sociedad. Respecto de la seguridad de las premisas fácticas, el precedente del asunto que nos ocupa, señala que esta era la segunda vez que se le detenía y obviamente se ordeno la aprehensión por no haber cubierto y cumplido lo ordenado para su liberación.

De lo anterior, destacamos que los tres factores que contemplan la fórmula de la ponderación, a través de la fórmula de peso cumplen cabalmente lo establecido por Alexy para su valoración.

En cuanto al análisis respectivo con la Teoría de Toulmin, consideramos que los cuatro elementos a considerar se traducen en:

Pretensión. Continuación de la detención del apelante por la autoridad.

Razón. Por incumplimiento de los pagos de pensión alimenticia, previo juramento obligatorio. Asimismo por encontrarse en caso de reincidencia.

Garantía. Se negó el derecho a la libertad del apremiado, en virtud de que había sido privado de su libertad por asistencia familiar en tres ocasiones anteriores, sin que hubiese cumplido con su obligación de pago así como tampoco la presentación de garante personal.

Respaldo. El sustento en el contenido del siguiente articulado.

“Art. 149 La pensión de asistencia del cónyuge y de los hijos es de interés social y tiene apremio corporal para su oportuno suministro cuando se emplean medios maliciosos para burlarla. El juez ordenará su pago en la forma prevista por el articulo 436.
Importa, además, hipoteca legal sobre los bienes del deudor, que se mandará inscribir de oficio.
El apremio previsto por el párrafo tercero del Art. 149 del Código de Familia, podrá ser ordenado únicamente por el juez que conozca de la petición de asistencia, no pudiendo exceder del plazo máximo de 6 meses, vencido el cual será puesto en libertad sin necesidad de constituir fianza, con el sólo compromiso juramentado de cumplir la obligación.

Ordenada la libertad prevista en el parágrafo anterior, el juez podrá disponer nuevo apremio contra el obligado cuando transcurridos 6 meses desde su puesta en libertad no hubiere satisfecho el pago de las pensiones adeudadas”.

Y artículo 70 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar.

“Practicada la liquidación de la asistencia familiar, sea la provisional o la definitiva, si dentro de tercero día de intimado el pago no se hubiere hecho efectivo, el juez, a instancia de parte o de oficio y sin otra substanciación, dispondrá el embargo y la venta de los bienes del obligado en la medida necesaria para cubrir el importe de las pensiones devengadas, todo sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 1602 de 15 de diciembre de 1994”.

Ahora bien, desde la teoría de Chaim Perelman y tomando en cuenta los tres aspectos importantes en esta teoría, la lógica formal traducida en un discurso retórico dirigido a una clase de auditorio con la finalidad de lograr su adhesión al mismo.

En el argumento de estudio, se observa el empleo de una lógica formal sustentada en los elementos ofrecidos por las partes al momento de verter el mismo y plasmarlo en una sentencia, misma que lleva inmerso un código jurídico en la mayoría del contenido, por lo que se desprende que va dirigido a un auditorio específico al que pretende persuadir de su decisión.

Oscar Correas

En esta ocasión analizaremos la teoría expuesta por Oscar Correas, respecto de su libro “Metodología Jurídica I. Una introducción filosófica”.

El tema principal de esta obra es el contenido político, referido al discurso del poder, es decir, el lenguaje de la clase en el poder. En principio el derecho desde la argumentación es definida como el instrumento de la clase dominante y éste será correcto, de acuerdo al contexto histórico de referencia.

Por tanto, se dice que el derecho se traduce en una máscara, utilizada para juzgar o imponer una pena a otro hombre, es decir, la clase dominante se aprovecha del subordinado para convencerlo de que lo que pasa es correcto aún cuando beneficie a la clase dominante.

En este sentido, se impone una norma o moral a seguir, plasmada en la norma, transformada en ideología, transmitida por los que están en el poder, atendiendo sin pensar a los intereses de la clase dominante.

Antecedentes del caso.

El recurrente se encuentra detenido en el centro penitenciario Palmasola desde el 19 de octubre de 2005, en virtud al mandamiento de apremio ordenado por el Juzgado Tercero de Instrucción de Familia del Distrito Judicial de Santa Cruz dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra; en virtud a dicha detención el 15 de septiembre de 2006 solicitó mandamiento de libertad como correspondía, al amparo de lo previsto por el art. 11 de la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales (LAPACOP) concordante con el art. 149 del Código de Familia (CF); sin embargo, por Auto Interlocutorio de 18 de septiembre de 2006, emitido por la Jueza Cuarta de Instrucción de Familia, en suplencia legal del Juzgado Tercero, se negó la solicitud de su defendido con el argumento de que no correspondía otorgar la libertad con el simple juramento, sino que debía ofrecer un garante personal que sea solvente, responsable y con domicilio conocido, que garantice el cumplimiento de la obligación por las pensiones devengadas.

Análisis y crítica.

Señalando primeramente los Derechos que entran e colisión:

Derecho a la libertad física, a la salud, a la seguridad, al trabajo y a la libre locomoción.

VS

Derechos de su menor hija beneficiaria de la asistencia familiar, a la vida, a la salud, a la educación y al desarrollo integral.

Desde mi punto de vista, la ponderación se realizó correctamente, en virtud de que la afectación que produce la incidencia de la irresponsabilidad y desacato judicial por parte del recurrente, afecta en un valor mayor los derechos de su menor hija, al no proporcionar la pensión de asistencia que hace mención el artículo 149 de ley de abreviación procesal civil y asistencia familiar.

“Art. 149 La pensión de asistencia del cónyuge y de los hijos es de interés social y tiene apremio corporal para su oportuno suministro cuando se emplean medios maliciosos para burlarla. El juez ordenará su pago en la forma prevista por el artículo 436.
Importa, además, hipoteca legal sobre los bienes del deudor, que se mandará inscribir de oficio.
El apremio previsto por el párrafo tercero del Art. 149 del Código de Familia, podrá ser ordenado únicamente por el juez que conozca de la petición de asistencia, no pudiendo exceder del plazo máximo de 6 meses, vencido el cual será puesto en libertad sin necesidad de constituir fianza, con el sólo compromiso juramentado de cumplir la obligación.

Ordenada la libertad prevista en el parágrafo anterior, el juez podrá disponer nuevo apremio contra el obligado cuando transcurridos 6 meses desde su puesta en libertad no hubiere satisfecho el pago de las pensiones adeudadas”.

Por lo que el primer elemento de la fórmula (peso específico) se encuentra correctamente valorado, por lo que respecta al peso abstracto, es sabido que esta conducta de irresponsabilidad y abandono de los progenitores hacia sus menores hijos es reprochable y condenada fuertemente por la sociedad. Respecto de la seguridad de las premisas fácticas, el precedente del asunto que nos ocupa, señala que esta era la segunda vez que se le detenía y obviamente se ordeno la aprehensión por no haber cubierto y cumplido lo ordenado para su liberación.

De lo anterior, destacamos que los tres factores que contemplan la fórmula de la ponderación, a través de la fórmula de peso cumplen cabalmente lo establecido por Alexy para su valoración.

Lo valorado en las premisas fácticas, fueron hechos comprobados puesto que su solidez la encuentra primordialmente en su fundamentación, toda vez, que la normatividad es muy clara, ahora bien hablamos de otro factor por lo cual se tomó esa decisión, se trata de una reincidencia “por incumplimiento de pago de pensiones en una primera oportunidad habiendo obtenido su libertad por Auto de 1 de febrero de 2005, previo el juramento de rigor, y emitiéndose el mandamiento de libertad el 4 del mismo mes y año; posteriormente, el 27 de septiembre de 2005, a solicitud de parte y previa liquidación de pensiones devengadas se libró nuevamente mandamiento de apremio en apego a los arts. 70 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar”.

Ahora bien, en la sentencia constitucional podemos encontrar una carga argumentativa, que apoya o justifica la decisión a la cual se llego de conformidad a la fórmula de ponderación “se negó el derecho a la libertad del apremiado toda vez que había sido privado de su libertad por asistencia familiar en “tres oportunidades”, sin que hubiese cumplido su obligación de pago de asistencia familiar así como tampoco la presentación de garante personal, por lo que en ningún momento se conculcó derecho fundamental alguno y todos los mandamientos de apremio en contra del detenido fueron en estricto cumplimiento de la ley, sin que exista prisión ilegal”.

Asimismo, se refuerza con la jurisprudencia constitucional que refiere “que el apremiado por asistencia familiar no podrá hacer uso del recurso que franquea la ley 1602 por segunda vez aplicándose el art. 11-2) o sea que entre tanto no pague la asistencia familiar no se puede conceder la libertad “.

La perspectiva argumentativa permite entender diversificadamente aspectos, tanto del Derecho como de la teoría jurídica.

Manuel Atienza a lo largo de su obra nos va desmembrando a través de diversos autores el sentido que se le da a la argumentación jurídica. Primeramente hace hincapié en la lógica formal entendida como argumentos, encadenamientos propositivos que nos llevan a una inmersión de los silogismos, con el fin último de persuasión.

Contraponiendo consecuentemente el formalismo jurídico a una concepción pragmática del Derecho, dando mayor auge a la experiencia. Nos dice el autor, que Robert Alexy aclara los procesos de interpretación y aplicación del Derecho, ofreciendo una guía centrada en un discurso jurídico justificado, es decir, partiendo de la actividad de los juristas, ofrece fundamento y motivación a sus decisiones.

Asimismo, determina cinco factores que explican la argumentación jurídica, iniciando con el interés de conocimiento (naturaleza teórica), construyendo teorías jurídicas mas completas. El segundo siendo de orden práctico; la práctica del Derecho desde la perspectiva de un jurista, siendo juez o abogado, esta, constituye un núcleo de enseñanza, brindando una forma distinta de fundamentación a través de preguntas o motivaciones en sentencias judiciales que forman parte de la decisión final.

Como tercer factor encontramos la transición de un Estado legislativo a un Estado constitucional, teniendo como características esenciales, que la Constitución contenga: a) distribución formal del poder, b) derechos fundamentales limitantes y condicionados en la interpretación y aplicación del Derecho y c) mecanismos de control constitucional.

El cuarto toma como base la pedagogía, traducido en una enseñanza encaminada al manejo esencial del material jurídico empleado en el argumento, es decir, yendo al pensamiento y resolución de los expertos, potencializando los elementos retóricos para que nuestro argumento sea éticamente aceptable.

Quinto y último factor pero no menos importante, la política, a través de una democracia, tomado como un sistema de gobierno donde se encuentra el espacio adecuado y amplio para un argumento o discurso jurídico.

En otro orden de ideas el Derecho es manejado desde tres concepciones distintas, según su elemento característico, normativo, conductista y valorativo. Dependiendo de la práctica judicial, es decir, dependerá de las razones expuestas en el caso concreto que empleara el argumento. El autor nos remite a Friedman, que toma dos perspectivas: sistema cerrado, donde las decisiones sólo pueden considerar como premisas de las mismas proposiciones del derecho y sistema abierto, no hay limites, la premisa o proposición carecerá de alguna distinción.

Ahora bien, el formalismo jurídico es otro de los temas tratantes en este ejemplar, considerando al positivismo jurídico como el limitante del poder de los intérpretes y aplicadores. Los formalistas por tanto rehúyen a la teoría argumentativa, puesto que basan sus decisiones en una lógica deductiva, traducida en un silogismo judicial.

Dentro del recuento de las etapas del derecho encontramos el positivismo normativista (aplicación del derecho y del razonamiento jurídico); el realismo jurídico (construcción social, la argumentación toma importancia en el relato de los hechos); el iusnaturalismo (determina la esencia del derecho explicando la conexión entre el orden jurídico y el orden superior) [justicia]; el escepticismo jurídico (el Derecho visto como obstáculo para un cambio social, se busca su sustitución cuando recae en el marxismo), la argumentación se coloca en la política, la retórica toma mayor importancia.

Hablar de Argumentación Jurídica es sumamente complicado, toda vez que existen varias teorías que nos presentan distintos esquemas de soluciones; es por ello que en esta ocasión hablaremos de dos teorías base en primer lugar, la Teoría de Manuel Atienza y Chaim Perelman.

Atienza parte de una estructura lógica compuesta por el emisor, mensaje y receptor; señalando características debe cubrir el mensaje, tal es el caso que dicho mensaje deberá ser racionalmente aceptable a través de un silogismo (razonamiento), en el cual el emisor del mensaje fundará y motivará sus decisiones. Traducido entonces, en razón y argumentación

En este orden de ideas, recordemos que Manuel Atienza destaca en su obra la importancia y tarea del operador jurídico, donde brinda una perspectiva que permite entender y destacar aspectos jurídicos, en la que es indispensable la argumentación jurídica centrada en el discurso justificativo de los jueces.

Por tanto, el mensaje debe tener un sustento (solidez y contundencia), para que pueda ser persuasivo; es necesario diferenciar este sustento de un argumento de autoridad, puesto que no guiamos su aceptación y/o validez por quien lo diga, sino, el soporte contenido en la fundamentación (aplicación exacta o literal de las normas)  y motivación (explicación de la vinculación existente entre los hechos determinados y su valoración de acuerdo a la decisión tomada) del propio mensaje.

Por otro lado, la Teoría de Perelman, brinda mayor importancia al receptor o auditorio al que va dirigido dicho mensaje, puesto que el fin u objetivo primordial será la persuasión y/o adhesión de las personas a las que va dirigido. Haciendo una diferencia plena del auditorio, primeramente refiriéndose a un auditorio universal, mismo que será aquella sociedad general, donde su adhesión se busca a través el convencimiento; y en un segundo plano un auditorio particular, referido a un auditorio establecido y delimitado, en el cual el mensaje sea transmitido en el mismo código intentando su adhesión por medio de la persuasión, es decir, totalmente volutivo.

La interpretación es el acto que nos permite comunicar y comprender entre otras cosas, proposiciones, hechos, fenómenos jurídicos, etc, con el fin primordial de llegar independientemente del conocimiento, a la veracidad de los argumentos planteados o pugnas materializadas.

 

Esta figura se diversifica en el ámbito jurídico porque en la mayoría de los casos nos vemos rodeados de problemas de ambigüedad y vaguedad lingüística, antinomias y texturas abiertas, que amplían la comprensión sostenida en un principio por el autor de la misma.

 

Los criterios de interpretación jurídica son:

 

*Interpretación Gramatical. También llamada literal o a la letra de la Ley, debe ajustarse la interpretación al texto legal, mismo que presupone ser claro y por ende no da lugar a la vaguedad. Dentro de este criterio encontramos dos tipos de argumentos el semántico y a contrario.

 

*Interpretación Lógica. Entre las que son aplicables por analogía, mayoría de razón y/o a contrario sensu.

 

*Interpretación Sistemática. Contexto normativo donde se ubica a la norma dentro del sistema, fijándose en sentido estricto.

 

*Interpretación Funcional. Materializando la voluntad del legislador a través de los valores inmersos en la norma. Dentro de esta interpretación los argumentos se pueden presentar desde diversos puntos, tales como: teleológico, lógico, sistemático, histórico, empírico, sociológico o pragmático.

 

En primer lugar debemos decir que el Derecho en si lleva implícito el ejercicio argumentativo, puesto que su construcción esta basada en fundamentos, criterios y razones perfectamente estructurados, dando una solidez al contenido normativo.

Algunos filósofos y juristas han determinado que el papel fundamental de la lógica, expresada como el conocimiento sistematizado es el inicio o el parte aguas de la argumentación, primordialmente manifestado a través del discurso.

Como precursores de la argumentación podemos encontrar al pionero en la retórica y nuevo modelo argumentativo a Aristóteles, por otra parte Cicerón quién integra la oratoria con la abstracción teórica y el arte; siendo con ello el edificador del modelo discursivo.

Hablar de la argumentación implica diversas vertientes, teorías, modelos, etc, en el presente artículo trataremos de explicar y mencionar la mayoría de las teorías y personajes que han dejado huella dentro de este espacio interminable de argumentación jurídica.

Theodor Viehweg nos habla de la tópica jurídica, ubicando la misma desde tres esferas distintas: a) entendía como la técnica del pensamiento problemático; b) designa un lugar común, es decir, el espacio donde el orador encuentra los elementos de su argumentación y finalmente c) dando mayor importancia al análisis de las premisas.

Perelman toma al Derecho como el discurso, sosteniendo que la retórica será el elemento que nos permita entender el discurso jurídico. Este autor nos hace hincapié en que no podemos ni muchos menos debemos dejar de lado al auditorio al que dirigimos nuestro discurso, toda vez que no es lo mismo persuadir (auditorio particular) que convencer (auditorio general).

Stephen Toulmin, a diferencia de los dos anteriores no busca una nueva inserción de la retórica ni de la tópica, el establece que dentro de la argumentación deben existir cuatro elementos; la pretensión, las razones, la garantía y el respaldo. Por tanto, este autor brinda solidez a través del pensamiento analítico filosófico.

MacCormick por su parte construye su teoría mediante el análisis y descripción de las normas, es decir, encontrar el sentido o justificación en el contexto del argumento. Asimismo, sostiene que esa justificación encontrará su fundamento en los hechos y evidencias reales contrastadas a la norma; brindando con ello una mayor certeza jurídica.

En conclusión podemos decir que adoptemos cualquiera de las teorías antes descritas, debemos considerar que la lógica estará presente en cada uno de los argumentos que se lleguen a sostener, tomando en cuenta que la sistematicidad, el lenguaje, las razones o fundamentos base dependerán del objetivo primordial del autor u orador como del auditorio al que pretenda dirigirse.

Partiendo de que las presunciones legales son enunciados normativos inferidos en reglas de inducción, bien, ya sea por la experiencia social o de los propios enunciados normativos, mismos que guardan estrecha relación con la constitucionalización de situaciones jurídicas, bajo argumentos basados en hechos.

 

Con lo anterior trataremos de explicar y analizar la presunción llevada a la práctica, desde el punto de la inferencia probatoria. Es por ello que al medir la fuerza de los argumentos se debe analizar todas las características del caso concreto, toda vez que aquí iniciara la explicación y sostenimiento de la probabilidad como cuantificador.

 

Primero se parte de los antecedentes del caso, cada una de las características o hechos descritos son de suma importancia, ya que, al contraponerlo con el respaldo como máxima de la experiencia y aterrizada en una garantía, es decir, en una norma que por ende infiere la existencia de un derecho resguardado que se puede hacer valer según el sentido de la norme y de las condiciones del caso.

 

Es por ello que partimos del contraste entre los hechos probados y los hechos a probar, los primeros son evidentes y en su caso validados por una autoridad o institución que nos brinde la certeza de que son verdad y por ende recaen en la notoriedad; una vez admitidos y aprobados los hechos, damos paso a la refutación donde se tiene una probabilidad escasa y es por ello que debemos comprobar los enunciados descriptivos, que nos dan oportunidad para presentar pruebas en contrario.

 

Por tanto se concluye que, la inferencia probatoria tendrá su sostén en la fuerza que posean los argumentos, mientras se encuentre mayor fundamento mayor será la probabilidad de ganar esa refutación a través de las pruebas en contrario.

 

El lenguaje tiene graves problemas de indeterminación, por consecuencia la interpretación que se realice sobre algo será forzosamente diversa. Por ello es conveniente realizar un ejercicio argumentativo que sea sólido a la perspectiva de cualquier persona, tratándose del campo jurídico se debe buscar la teoría argumentativa con un mayor fortalecimiento que permita llevar a cabo esa persuasión en el juzgador.

 

Por tanto, la interpretación jurídica es aquella práctica intelectual que se enfoca en la búsqueda de la verdad dentro de un marco normativo, desprendida de cualquier acto o hecho jurídico.

 

Los aspectos de la interpretación son la argumentación y la persuasión.

 

Entre los métodos de interpretación normativa más relevantes encontramos:

*Interpretación literal a la letra de la Ley: se ajusta al texto de la Ley, donde se presume que todo es claro y por tanto no se da oportunidad a la vaguedad. Al tratarse de una interpretación gramatical y semántica, cualquier persona podría realizarla.

*Interpretación lógica: se da en tres tipos: a) por analogía, b) por mayoría de razón y c) a contrario sensu.

*Interpretación Jurídica: aquellos modelos creados por el derecho:

  1. Sistemática. La norma dentro del sistema.
  2. Armónica. Correlación de la norma con otros ordenamientos.
  3. Teleológica. La razón de ser de la Ley, es decir, la finalidad de la norma ratio legis.
  4. Funcional. Adaptada al caso concreto, lo que resulte más conveniente.

*Interpretación histórica: es necesario remontarse al momento de la expedición de la norma.

*Interpretación Sociológica: hace referencia a la funcionalidad práctica aplicada en la colectividad.

 

Si partimos de que un argumento será aquella expresión gramática formal de un juicio lógico, decimos entonces, que la argumentación será la variedad discursiva por medio de la que se pretenden entre otras cosas: brindar razones correctas, llegar a conclusiones lógicas, ordenar metodológicamente un discurso que en nuestra materia será jurídico, probar una proposición o razonamiento lógico, etc.

Por tanto, la argumentación será aquella disciplina que contempla un arte, el arte de la persuasión, misma que tiene por objeto concentrarse en el contenido de la probación de un discurso.

Robert Alexy dice, que la argumentación jurídica la debemos concebir como “una actividad lingüística que tiene lugar en situaciones tan diferentes como, por ejemplo, el proceso y la discusión científico jurídica. De lo que se trata en esta actividad lingüística es de la corrección de los enunciados normativos, en un sentido todavía por precisar. Será conveniente designar tal actividad como “discurso”, y, puesto que se trata de la corrección de enunciados normativos, como “discurso práctico”. El discurso jurídico es un caso especial del discurso práctico en general”.[1]


[1] SUÁREZ Romero y CONDE Gaxiola, Napoleón, Argumentación Jurídica, Cuadernos de Trabajo [Seminario de Filosofía del Derecho], UNAM-Facultad de Derecho, México, 2009, p. 10.

Por otro lado, otra variedad discursiva a destacar es la retórica, cabe mencionar que en tiempos remotos la retórica y la argumentación tenían un mismo significado para los griegos.

La retórica se puede entender como el antecedente de la Teoría de la Literatura, es decir, es aquella categorización de recursos elocutivos responsables de una expresión poética propio del arte verbal.[1]

La retórica entonces será aquella forma bella de llevar un discurso, esto nos aleja de la comunicación como objeto de la argumentación, porque los discursos o argumentos retóricos la mayoría de las veces son discursos vacíos, bellos en su forma pero faltos de contenido.

Debe estarse claro, de que no siempre los argumentos tendrán implícitos la verdad puesto que existen diferentes formas o modelos de argumentación que también pueden ser falsos como el sofisma, que se toma como un argumento que defiende y persuade razones falsas o la falacia, que será aquella mentira o engaño que tiene como objetivo primordial el dañar a una persona.

En fin, no importa desde que punto lo queramos tomar, el arte de argumentar es una tarea diaria para cualquier persona, pero es una tarea difícil para aquellas personas que deben emplear estas herramientas con el fin de convencer a los juzgadores para salvaguardar los intereses de otros.